Organizaciones de pacientes alertan riesgo vital, deterioro de salud y endeudamiento tras paralización indefinida del proceso 2025 de actualización de tratamientos de alto costo

Jueves 22 de enero de 2026

Organizaciones de pacientes y autoridades advirtieron las graves consecuencias de la suspensión indefinida del proceso 2025 de actualización de la Ley Ricarte Soto, que mantiene detenida la evaluación de 39 tratamientos de alto costo desde el 23 de diciembre de 2025. La paralización, atribuida a la falta del informe presupuestario obligatorio del Ministerio de Hacienda (DIPRES), afecta a más de 45 mil beneficiarios actuales y a miles de potenciales nuevos pacientes, generando incertidumbre, deterioro en la calidad de vida y debilitando una política pública clave en salud.

Natalia González, presidenta de Fundación Espondiloartritis Chile, diagnosticada hace 12 años y actualmente financiando su tratamiento biológico con recursos propios, advirtió que la falta de cobertura está empujando a muchos pacientes hacia la discapacidad temprana. Recordó que personas que lucharon por la creación de la ley hoy ya no pueden caminar, mientras nuevas generaciones enfrentan el riesgo de perder autonomía antes de los 40 años. “No estamos pidiendo favores, solo igualdad en el acceso a medicamentos para poder seguir trabajando, estudiando y aportando al país”, señaló, destacando además el alto costo emocional, familiar y económico que enfrentan.

Cecilia Rodríguez, directora Fundación Me Muevo (Artritis Reumatoide), alertó que la detención de decretos y el incumplimiento de los plazos administrativos están afectando no solo la salud física, sino también la salud mental de los pacientes. “La incertidumbre se ha intensificado por la falta de avances concretos. Creemos que no es justo que los incumplimientos del Estado los pague la ciudadanía con su salud o su vida”, sostuvo, subrayando el impacto emocional en pacientes y sus familias.

El senador Juan Luis Castro, integrante de la Comisión de Salud del Senado, calificó la situación como grave e inaceptable, señalando que la falta de acción del Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos está dejando a decenas de miles de pacientes en el abandono. Denunció un “silencio cómplice” que traslada la responsabilidad al próximo gobierno, mientras personas con enfermedades de alto costo deben endeudarse, buscar donaciones o costear tratamientos esenciales por cuenta propia.