Mientras el consumo de alcohol y marihuana entre jóvenes presenta bajas significativas, un fenómeno silencioso comienza a encender las alarmas en el sistema de salud pública: el uso de medicamentos tranquilizantes sin receta médica. Según un reciente informe de SENDA, el porcentaje de universitarios que usó tranquilizantes sin receta pasó del 4,5 % en 2021 al 5,7 % en 2025.
En este contexto, el senador Juan Luis Castro, autor del proyecto de ley que busca sancionar la venta ilegal de medicamentos, advierte: “Hoy día, incluso más que el alcoholismo o el tabaquismo, el consumo de medicamentos tranquilizantes sin receta médica está sumiendo a la población en una nueva adicción. Por eso, los derivados del diazepam, clonazepam, Lorazepam; los hipnóticos, zopiclona, todo esto es una gran bolsa de medicamentos que se están comprando en la calle, no están en lugares establecidos ni menos con receta médica, esto es grave”. “Nuestro proyecto de ley busca terminar con la venta ilegal de medicamentos, y espero la urgencia del Gobierno.”
El senador Castro recordó que el proyecto, actualmente en la Comisión de Constitución del Senado, busca sancionar penalmente la venta de medicamentos fuera del circuito formal y otorgar más facultades al Instituto de Salud Pública (ISP) para fiscalizar y decomisar fármacos ilegales. Sin embargo, criticó que “el Ejecutivo aún no le ha otorgado urgencia legislativa”, lo que mantiene la iniciativa paralizada mientras el comercio informal de medicamentos continúa expandiéndose en ferias libres y redes sociales.
“Es incomprensible que, con toda la evidencia sobre los daños de esta práctica, el proyecto siga entrampado. Estamos hablando de medicamentos que alteran el sistema nervioso y generan dependencia. El país necesita una ley que proteja la salud pública, no más dilaciones ni excusas administrativas”, insistió el senador socialista, llamando al Gobierno a activar el debate lo antes posible.
Finalmente, Castro hizo un llamado a la ciudadanía a evitar la automedicación y denunciar los puntos de venta ilegales. “Este no es un problema menor ni aislado. Es una cadena de riesgo que comienza con la falta de control y termina afectando vidas. La salud de las chilenas y chilenos no puede seguir esperando”, concluyó.



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